"Todas las propuestas que han formulado las juntas de tratamiento son de clasificación en tercer grado", informó el departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña en un comunicado.
La petición afecta al ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, cinco antiguos dirigentes del Ejecutivo regional y dos líderes de entidades vinculadas al movimiento soberanista.
Todos fueron condenados en 2019 por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años de cárcel por delitos de sedición en relación con la organización del referéndum ilegal de independencia de 2017.
Tras haber sido ubicados en un tercer grado a mediados de 2020, los jueces de la sala de lo penal del Alto Tribunal español revocaron la medida.
Esta clasificación de semilibertad permite pasar los fines de semana fuera de prisión, salir a diario para actividades laborales o de cuidado de familiares y acudir al centro penitenciario entre semana solo para dormir.
A juicio del Supremo, la concesión del tercer grado a internos que no cumplieron una cuarta parte de su condena —como sucede en seis de los nueve casos— es un hecho excepcional que exige una justificación reforzada.
El Alto Tribunal considera además que la actuación de las autoridades penitenciarias de Cataluña a la hora de conceder el tercer grado a los políticos excedió sus funciones por estar en "desacuerdo" con las condenas.
A partir de la petición de las prisiones catalanas se abre un período de análisis por parte del servicio de clasificación penitenciaria que depende del Gobierno catalán, por lo que es previsible que se apruebe.
Ante esta circunstancia la Fiscalía podrá presentar recurso y el Supremo deberá volver a pronunciarse sobre los líderes independentistas.