El miércoles 6 de enero quedará en el recuerdo como uno de los días más tristes de la historia moderna de EEUU. Luego de un discurso incendiario del presidente, Donald Trump, a sus simpatizantes en Washington, decenas marcharon y tomaron el Congreso, interrumpiendo durante unas horas la certificación de votos del presidente electo, Joe Biden. El asalto dejó cuatro muertos y decenas de heridos.
Por su parte, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidieron al vicepresidente en funciones Mike Pence que destituya a Trump. Existen dos caminos para la destitución: el juicio político o la aplicación de la enmienda 25 de la constitución, que es la vía solicitada por la oposición.
"Esta enmienda indica que el presidente es incapaz de gobernar la mayoría del gabinete, y este, junto con el vicepresidente, pueden decidir removerlo. Pero hay que recordar que el gabinete es nombrado por el propio mandatario. No creo que esto vaya a ocurrir", señaló.
"Se puede decir que fue un intento de Golpe de Estado, y fue fomentado por el propio presidente. Trump quería ver gente rechazar estos resultados, seguir con su mito de que él ganó la elección", agregó.
Tras la violenta jornada, el mandatario dijo que "habrá una transición ordenada" el 20 de enero, aunque reiteró que está "totalmente en desacuerdo" con los resultados del 3 de noviembre.
La politóloga consideró que los desmanes representan "una victoria simbólica para la extrema derecha y para los 'trumpistas'. Superaron con creces las expectativas de lo que podían hacer. Pocos entendían cómo la Policía del Capitolio no pudo calmar la situación con mayor rapidez. Hubo muertos, heridos y destrozos", reflexionó Catherine Reyes-Housholder.
La pandemia amenaza las elecciones subnacionales en Bolivia
El mapa político del país se reconfigura de cara a la instancia electoral fijada para el 7 de marzo. El Movimiento Al Socialismo (MAS) deberá enfrentar a una oposición que intenta rearmarse, luego del aplastante triunfo de Luis Arce a la presidencia en octubre de 2020, poniendo fin al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez un año después del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Los ciudadanos votarán gobernadores para los 9 departamentos, así como alcaldes o alcaldesas para sus 342 municipios, además de concejales y otras autoridades.
Pero la pandemia ha provocado un debate sobre la posible postergación de la instancia electoral, impulsada por la oposición. En la víspera, Bolivia registró la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Moscú suministrará 5,2 millones de dosis para la vacunación de 2,6 millones de personas, lo que permitirá inmunizar más del 20% de la población.
En tanto, el dirigente opositor Oscar Ortiz pidió al Tribunal Supremo Electoral postergar los comicios por 60 días, con el fin de evitar un colapso hospitalario. El MAS expresó su disconformidad, advirtiendo que ya prepara su campaña electoral en los departamentos y en más de 300 municipios del país.
"La aparición de nuevas cepas de coronavirus, y la escalada de la segunda ola en el país son aspectos que deben ser analizados para actuar acorde a la situación y al momento en que nos encontramos, siempre priorizando la salud", dijo a Sputnik la diputada de esta fuerza política, Betty Yañíquez.
Por otra parte, la legisladora se refirió a cómo se prepara el MAS para la instancia electoral de marzo. "Creo que es el único partido que existe en Bolivia, al estar organizado a nivel nacional, lo que no ocurre con otras agrupaciones de amigos, que ni siquiera tienen afinidad en cuanto a principios ideológicos", afirmó.
La oposición conservadora, que no pudo unirse para enfrentar al MAS en los comicios de octubre, concurrirá dispersa a los comicios regionales.
Por su parte, la socióloga boliviana Rocío Estremadoiro destacó en diálogo con Sputnik el factor de "improvisación" en todos los partidos en la elección de los candidatos a los cargos.