"La directiva sobre el agua potable aprobada por el Parlamento facilitará el acceso a un agua corriente de calidad para todos, también para los grupos vulnerables", se explica en el comunicado de información pública.
Añade que "la nueva normativa pretende que toda la Unión pueda disponer de un agua corriente de calidad".
Con este fin, los Estados miembros de la UE deberán garantizar el suministro gratuito de agua en los edificios públicos, y animarán a los restaurantes, comedores y servicios de restauración a ofrecer a sus clientes agua gratuita o por una pequeña tasa de servicio.
También se verán obligados a adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso al agua a los grupos vulnerables, como los refugiados, las personas sin hogar o culturas minoritarias como los gitanos o los nómadas irlandeses, conocidos como travellers.
"Para que las personas puedan —y quieran— beber agua del grifo y no embotellada, se mejorará la calidad mediante la imposición de unos límites más estrictos para algunos contaminantes como el plomo", añade la nota.
Se precisa que un menor consumo de agua embotellada podría ahorrar a los hogares de la UE más de 600 millones de euros al año.
"Una mayor confianza en el agua del grifo traerá consigo un menor consumo de agua embotellada, y con él una reducción de la cantidad de residuos plásticos y de la basura marina. Las botellas son uno de los plásticos de un solo uso que con más frecuencia se encuentran en las playas europeas", subrayó el Parlamento Europeo.
De este modo, a principios de 2022, la Comisión elaborará y supervisará una lista de sustancias o compuestos que susciten preocupación sanitaria entre la opinión pública o la comunidad científica, incluidos productos farmacéuticos, alteradores endocrinos y microplásticos.
La Comisión también elaborará listas de sustancias que pueden estar en contacto con el agua potable.
La directiva entrará en vigor a los doce días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y los Estados miembros tendrán dos años a partir de su aprobación para hacer los cambios necesarios en su legislación.