"Entre las funciones del Parlamento no está la de controlar a la jefatura del Estado, y por eso nos hemos opuesto hoy, como en otras ocasiones, a la apertura de una comisión de investigación sobre las actividades de integrantes de la Casa Real", dijo en rueda de prensa Rafael Simancas, diputado del PSOE.
Fue la cuarta vez en menos de un año que el Parlamento rechaza investigar las presuntas irregularidades de Juan Carlos I.
Una de las solicitudes para investigar al monarca en sede parlamentaria había sido presentada por Unidas Podemos (UP), el partido izquierdista que integra el Gobierno de España como socio minoritario del PSOE.
"Nadie en la Mesa dio un argumento ni jurídico ni político para no investigar esto", afirmo Gerardo Pisarello, diputado de UP, tras la decisión del órgano rector de la Cámara.
A su modo de ver, la negativa a investigar al monarca "es fundamentalmente una negativa política que degrada al Congreso y supone reírse en la cara de la ciudadanía".
"Implica tratar a España no como una monarquía parlamentaria sino como una monarquía absoluta", añadió.
Juan Carlos I (que fue rey de España entre 1975 y 2014, cuando decidió abdicar sobre su hijo Felipe VI) presentó recientemente ante Hacienda una fortuna oculta de 678.000 euros, presuntamente procedente de donaciones del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018.
Pese a la presentación de este dinero para su regularización, actualmente la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga si el movimiento salda las cuentas del monarca con el fisco o si, por contra, puede ser interpretado como un indicio de delito fiscal.
Además de la polémica por esas donaciones, el emérito tiene otro frente abierto en el Tribunal Supremo, donde la Fiscalía también investiga posibles indicios del cobro de comisiones ilegales procedentes de Arabia Saudí por valor de más 65 millones de euros.
Ante el aluvión de publicaciones periodísticas sobre sus presuntas irregularidades, Juan Carlos I decidió el pasado mes de agosto abandonar España para instalarse en Emiratos Árabes Unidos.
Sin embargo, tras el intento de regularizar sus cuentas el monarca expresó su deseo de volver a España con la mayor premura posible, lo que habría dado pie incluso a conversaciones entre el Gobierno y la Casa Real para limitar el impacto político de su regreso con gestos como retirarle el título honorífico de rey o el trato de majestad, según informó la cadena pública RTVE.