El primer Consejo de Ministros del mes de diciembre ha estudiado las propuestas de las comunidades autónomas para el plan a desarrollar de cara a Navidad. El Gobierno ha valorado la posibilidad de quitar los cierres perimetrales de los municipios y comunidades para que se puede volver a casa durante las fiestas.
Otra de las propuestas que se ha estudiado es la de ampliar el toque de queda los días 25 de diciembre y 1 de enero hasta la 1 de la madrugada.
La ministra portavoz también ha informado de la decisión del Consejo de Ministros de elevar los límites presupuestarios para que el Ministerio de Sanidad pueda tramitar los acuerdos firmados por la Comisión Europea para el suministro de las vacunas de COVID-19.
El Consejo de Ministros ha aprobado dos subvenciones con carácter excepcional y de urgencia para la acogida de los menores extranjeros no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla. El objetivo es mejorar la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados acogidos o tutelados.
En cuanto la cuestión de los desahucios, a preguntas de los medios, Montero ha señalado que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos "está trabajando en ese decreto ley", señalando que "la iniciativa le corresponde al Gobierno, el Gobierno la está desarrollando y trabajándola de forma muy concienzuda".
De hecho, en la misma mañana se comunicaba que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu habían retirado la enmienda conjunta que habían presentado a los Presupuestos Generales del Estado para prohibir los desahucios hasta el año 2022, al considerar que se había llegado a un acuerdo con el Gobierno para regularlo mediante un real decreto.
Cabe recordar que el 26 de noviembre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, anunciaba durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados que en los próximos días el Ejecutivo presentaría "una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables".
23 de septiembre 2020, 08:33 GMT
Con la llegada de la pandemia se aprobó un real decreto con medidas urgentes para evitar la expulsión de inquilinos cuando se pueda acreditar vulnerabilidad a causa del COVID-19.
No obstante, este decreto no daba cobertura a personas con una situación de vulnerabilidad económica antes de la pandemia y, además, presenta como problema añadido que no siempre es fácil demostrar que las pérdidas de ingresos son causadas directamente por el coronavirus.