"Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro convocamos al vecino Gobierno de Trinidad y Tobago a una necesaria reunión de trabajo para revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico", escribió el canciller Jorge Arreaza en Twitter.
Un grupo de venezolanos que llegó a Trinidad y Tobago el 17 de noviembre fue deportado de ese país el día 22, en dos pequeñas embarcaciones que fueron escoltadas fuera de las aguas territoriales.
Por 24 horas se desconoció el paradero del grupo, que incluía a niños de apenas 4 meses, pues al parecer una de las embarcaciones quedó varada en altamar.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, alegó que la deportación estaba siendo utilizada políticamente y sostuvo que su país, "se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas, sin rostro, armadas con niños inocentes, para tratar de obligarnos a aceptar su comprensión del estatuto de refugiado".
La Organización de Naciones Unidas condenó este acontecimiento y señaló que los niños nunca deben ser deportados por la fuerza debido a su situación migratoria o la de sus madres, padres o representantes.