"Evitar la concentración del poder y garantizar los derechos fundamentales de las personas no solo es tarea del Poder Ejecutivo sino también del Congreso. Por ello, nuestra institución exhorta al parlamento a evitar la aprobación de leyes sin el cumplimiento riguroso del procedimiento legislativo, lo cual supone contar previamente con los dictámenes de comisiones, atender criterios técnicos y respetar el principio deliberativo, promoviendo la máxima participación de todos los actores implicados", indicó el organismo en un comunicado.
El 9 de noviembre, el parlamento destituyó a Vizcarra por presuntos actos de corrupción, asumiendo la presidencia de la República el extitular del Congreso, Manuel Merino.
La Defensoría ha advertido que el sistema democrático peruano "se basa en dos principios esenciales: la división y control del poder, y la garantía y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas", por lo que llama a que los poderes del Estado "estén en armonía con estos principios", aún cuando los ejerzan en la práctica las mismas personas.
Asimismo, el organismo indica que la destitución de Vizcarra por la causal de "incapacidad moral permanente" se ha ejecutado en base a una "interpretación extensiva de la Constitución", agregando que el uso inadecuado de dicha causal fue advertido por la Defensoría en repetidas ocasiones.
El mandato del nuevo jefe de Estado, Manuel Merino, deberá culminar en julio de 2021, cuando asuma un nuevo presidente elegido en los comicios generales a celebrarse en abril del próximo año.