El nuevo cuestionamiento abre la posibilidad de investigar no sólo a los expresidentes, sino a todos los actores políticos por las decisiones que han tomado al ostentar un cargo de elección popular:
Tras la aprobación de la Suprema Corte, esta institución cuenta con 24 horas para notificar al Senado de su decisión. El Congreso de la Unión será quien tenga la última palabra sobre la realización de la consulta solicitada.
Al recibir la resolución de la SCJN, el presidente de la Cámara de Senadores deberá publicarla en la Gaceta Parlamentaria y, posteriormente, turnar la petición de realizar la consulta a la Comisión de Gobernación, así como a las comisiones del Congreso correspondientes para su análisis y dictamen. Cabe señalar que la nueva pregunta no podrá ser objeto de modificaciones por el Congreso.
En caso de ser aprobada, el Congreso deberá expedir la convocatoria de la consulta popular mediante un decreto a publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberá notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) para los efectos conducentes, ya que esta entidad será la encargada de aplicar la consulta.
El artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular establece que, si en la consulta participa al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, e igualmente para las autoridades competentes.
El coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que su bancada —quien ostenta la mayoría en el Poder Legislativo— respetará el veredicto de constitucionalidad dado por la SCJN.