Fue amparándose en el artículo 8 de la Constitución de Estados Unidos mexicanos que un conjunto de 80 organizaciones y 185 personalidades destacadas en el país han enviado una petición el presidente mexicano para que prohíba por decreto el avance de los transgénicos en el país, pocos días después de la entrada en vigor del nuevo Tratado comercial para México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el cual presenta "crecientes amenazas para favorecer a las trasnacionales biotecnológicas", según analizaron.
Aunque este primer intento privatizador fue abortado, el Grupo en defensa de la diversidad agrícola y la comida mexicana contra los organismos genéticamente modificados redobló la apuesta y busca que el presidente asuma el compromiso que ha declarado desde su asunción de Gobierno de que "no habrá transgénicos en México".
Los elementos de la petición
Según la carta que fue entregada al presidente López Obrador a comienzos del mes de julio 2020, a la que Sputnik tuvo acceso, la petición ciudadana comprende cuatro puntos:
- La prohibición de emitir permisos de liberación de organismos genéticamente modificados tanto experimentales, como las liberaciones piloto y, obviamente, las comerciales, las tres modalidades que permite la ley mexicana de bioseguridad referidas a su producción en el país.
- Restringir la importación de granos y semillas a países que no siembren organismos genéticamente modificados y en caso de que no sea posible en el corto plazo, autorizar únicamente la importación de granos que consten con un certificado de su esterilización (de no contener genes modificados) así como de semillas no transgénicas certificadas.
- Mandatar a Diconsa, el organismo que opera el abasto rural en 27.000 tiendas en toda la República, a no distribuir grano de maíz importado como sí hace actualmente.
- Publicar mensualmente los informes elaborados por distintos ámbitos estatales de los análisis de detección de organismos genéticamente modificados en México, así como aquellos informes elaborados por todo centro público de investigación, acerca de la presencia de ADN transgénico en el país y sus efectos en la salud humana y ambiental.
Según comentó a Sputnik Catherine Marielle, coordinadora general de la asociación civil Grupo de Estudios Ambientales (GEA), quien forma parte del grupo firmante de la misiva, esta es la segunda carta que se envía al presidente López Obrador —la primera fue enviada en junio de 2019— salvo que hora se amplió la cantidad de firmantes y se amparó la petición en el derecho constitucional.
Muchos de los firmantes de la carta están vinculados a otras campañas públicas vinculadas a la defensa de la soberanía alimentaria y de la biodiversidad mexicana, que se han articulado en México en la última década: por un lado, está la Demanda colectiva del maíz, que tiene detenida por mandato judicial la siembra de maíz transgénico en México como medida cautelar —prevenir la contaminación del maíz criollo, ya probada—; y por otro, la campaña Sin maíz no hay país, que trabaja en torno a la protección de México como centro de origen de este cultivo, que es central para alimentación de sus ciudadanos.
El petitorio implica también la prohibición del ingreso de nuevas técnicas de biotecnología que públicamente se plantean como "una superación" de los cultivos transgénicos, llamadas edición genética y mutagénesis, que aún están en fases experimentales.
Mientras los cultivos transgénicos son eventos que mezclan genes de dos o más seres vivos diferentes, las nuevas técnicas, explicó Marielle, evitan insertar genes modificados de otras variedades o seres vivos como es la técnica conocida, sino manipular directamente la estructura genética de las plantas que comemos.
Restricciones a la importación de OGM
"Ha habido muchos problemas en el país causados por la importación de transgénicos que México hace y que se distribuyen en el país sin el etiquetado que los identifique como tales. Esto ha provocado la contaminación de los cultivos nativos en el país con genes transgénicos", explicó la fuente consultada.
Marielle señaló que el pedido de difusión de los análisis sobre contaminación transgénica en el país es un tema muy importante, ya que algunos de las instituciones encargadas de estos estudios los han ocultado en el pasado. A partir de la Demanda colectiva se supo públicamente que existían entonces al menos 89 casos de contaminación transgénica en plantas nativas (hallados por el Instituto Nacional de ecología y cambio climático) y otros 130 casos reconocidos por Senasica (el Servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria)
"Además de esos casos probados que conocimos en 2014 gracias a la Demanda colectiva del maíz, suponemos que ha habido otros más adelante y que por eso, es importante que estos estudios y análisis de detección de transgénicos y sus efectos en la salud humana y ambiental sean publicados regularmente", apuntó.
El petitorio es controversial dado los intereses trasnacionales que afecta, en particular los beneficios de las empresas semilleras globales que están mega-concentradas (hay tres empresas oligopólicas que controlan el sector) y también dada la afectación que —de concretarse la prohibición— generaría para los intereses de Estados Unidos que es el principal socio comercial de México y origen de los granos, ampliamente transgénicos, que se importan en el país.
"Las presiones de las trasnacionales se ejercen a todos los niveles: en el nacional, por parte de las asociaciones mexicanas que hacen fuerza por la modificación de las leyes nacionales y a nivel internacional, con requisitos del Tratado de libre comercio como la adhesión a Upov91. Por eso nuestra lucha es como país, contra el avance en México de todos los cultivos transgénicos", concluyó.