La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) adelantó que su indagatoria de estos hechos apunta a una red de médicos coludida con funerarias, funcionarios y embalsamadores clandestinos.
En 2017, este grupo pudo vender certificados alterados por 3.000 a 5.000 pesos mexicanos (130 a 220 dólares) a familiares que utilizaron el documento para cobrar seguros u obtener apoyos del gobierno de la capital mexicana. Al menos 100 certificados alterados fueron expedidos en las alcaldías de Tlalpan y Xochimilco, según la FGR.
Las autoridades han identificado que estos médicos son contactados por funerarias, particularmente por la Embalsamadora Servicios Integrales, la cual es propiedad del doctor Irwing Baruxh C., y donde se pudieron emitir más de 170 certificados alterados entre abril y mayo, afirmó la FGR en su comentario para El Universal.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, indicó que la fiscalía investiga a cinco médicos particulares, además de un funcionario público, por la alteración de los certificados de defunción.
El gobierno capitalino estimó que por la incorrecta emisión de estos documentos la incidencia de muertes por la COVID-19 en la Ciudad de México presentó un subregistro de 10%.