Se acusa al rey emérito y a otras personas de su entorno de recibir comisiones por este contrato.
En este caso, la investigación se centrará en determinar si existen indicios penales por los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe de Estado y perdió la inviolabilidad que establece la Constitución española para estos cargos.
El pasado 15 de marzo, el rey Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de su padre y que le retiraba la asignación de 194.232 euros anuales que están fijados en el Presupuesto del Estado. Esta decisión se tomó luego del escándalo que explotó cuando se conoció que la Fiscalía de Ginebra investiga al monarca por presuntamente haber recibido 100 millones de dólares (89,7 millones de euros) de Arabia Saudí y haber transferido 65 millones de euros a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, quien a su vez lo ha denunciado por acoso para que no revele supuestos "secretos de Estado".
Las investigaciones de la Fiscalía suiza se basan en unas grabaciones publicadas por medios españoles en los que la empresaria afirmaba que Juan Carlos I trató de cobrar una comisión millonaria en el marco de la licitación del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina.