"Confío que Estado salvadoreño cumpla con sus obligaciones internacionales para que los miles de víctimas del conflicto armado tengan la justicia y reparación que se les debe", afirmó Antonia Urrejola, relatora de la CIDH en su cuenta de la red social Twitter.
El Parlamento de El Salvador aprobó el 26 de febrero en sesión extraordinaria la Ley de Reconciliación Nacional, con 44 votos a favor, 11 en contra y una abstención, a dos días de que venciera la prórroga concedida por la Corte Constitucional para presentar una normativa que sustituyera la Ley de Amnistía de 1993, derogada en 2016.
Diversas organizaciones de la sociedad civil criticaron la propuesta aprobada, al señalar que propiciaba la impunidad e incumplía el mandato de la referida corte respecto a los criterios de verdad, justicia transicional, reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos y garantías de no repetición.
La nueva ley entraría en vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial, aunque el presidente de la República, Nayib Bukele, adelantó que la vetaría, al considerar que la normativa incumple con parámetros de verdad, reparación y justicia.
Las bancadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha) y Cambio Democrático no votaron por esta propuesta, respaldada por la mayoritaria Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la PCN.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, y graves violaciones perpetradas tanto por los llamados "escuadrones de la muerte" (grupos parapoliciales o paramilitares), por el Ejército y por la guerrilla izquierdista del FMLN.