"Actualmente, la Fiscalía General tiene abiertos tres procesos por demandas directas contra el señor Evo Morales y sus colaboradores, de los cuales se están haciendo los trámites de ley, las investigaciones correspondientes, aparte de otros en los que está siendo mencionado el señor Evo Morales", dijo el magistrado en una declaración divulgada por su oficina.
El fiscal general hizo la declaración al día siguiente de que la Cámara de Diputados decidiera someterlo a un juicio de responsabilidades por varias denuncias de incumplimiento de deberes, incluida una supuesta negligencia en el tratamiento de procesos contra Morales.
Lanchipa, quien fue nombrado en el cargo por el parlamento durante el Gobierno de Morales, aseguró que su oficina no ha paralizado los procesos contra el exmandatario, como afirman sus críticos.
El expresidente enfrenta denuncias por sedición y terrorismo y otros delitos presentadas separadamente a fines del año pasado por dos autoridades del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez:
- el ministro de Gobierno, Arturo Murillo
- el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe
En ambos casos las denuncias se sustentan en una grabación de audio de una supuesta llamada telefónica en la cual Morales instruía a un dirigente de los sindicatos cocaleros acciones de bloqueo a carreteras y cerco a ciudades, como parte de las protestas que siguieron al golpe de Estado de noviembre pasado.
La tercera demanda fue presentada en enero pasado por activistas cívicos regionales que acusan a Morales de:
- terrorismo
- genocidio
- alzamiento armado
- atribución de los derechos del pueblo
- otros delitos, derivados también de los conflictos que siguieron al golpe
Lanchipa dijo que la Fiscalía espera recibir "en los próximos días" un informe del Centro Tecnológico de Investigación" de Colombia al cual solicitó la autentificación de la grabación de la conversación telefónica, como pieza clave para continuar el proceso.
Sobre el anuncio del juicio de responsabilidades, Lanchipa dijo que se someterá a los requerimientos de la Cámara de Diputados.
El diputado Borda dijo que el fiscal está convocado para una primera declaración el 19 de febrero, en el inicio de un proceso de investigación que duraría hasta 90 días.