"Trabajando en Diputados, en la reunión plenaria de las Comisiones de Presupuesto y Legislación General", informó desde las redes sociales el diputado nacional Carlos Cisneros.
Al comienzo de la sesión, el oficialismo aceptó retirar uno de los artículos que le daba facultades al presidente para reformar el Estado.
Al comienzo del plenario se presentó ante los legisladores para explicar el alcance de la normativa el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
A lo largo de la jornada también comparecerán su par en Salud, Ginés González García, y la directora del ente tributario, Mercedes Marcó del Pont.
También han sido llamados a explicar el proyecto el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Emergencia pública
El proyecto de ley presentado por el Gobierno declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 en nueve áreas del Estado: la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
El proyecto mantiene en vigencia la decisión de la administración anterior de limitar a 200 dólares por mes la compra para atesoramiento de las personas físicas.
El 70% de lo recaudado a través de esta iniciativa se destinará a la Seguridad Social, mientras el otro 30% restante se dedicará a obras de vivienda e infraestructura.
La iniciativa también suspende por seis meses el esquema tarifario de los servicios públicos, así como la fórmula con la que se calculaban los aumentos de las jubilaciones, que consistía en una ecuación que tomaba en cuenta los salarios y la inflación a partes iguales.
Entre tanto, el proyecto contempla otorgar 5.000 pesos (80 dólares) en diciembre y enero a los jubilados que cobran la pensión mínima, sin detrimento de otros aumentos trimestrales que dispondrá el Poder Ejecutivo.
El Gobierno también propone aumentar al 33% los derechos de exportación del grano de soja, mientras que el trigo y el maíz pagarían una alícuota del 15%.
La medida suspende, en paralelo, la rebaja a las contribuciones patronales prevista a partir del año que viene, de modo que los empleadores del sector servicios pagarán un aporte del 20,4%, siempre que sus ventas superen los 48 millones de pesos anuales (762.000 dólares), mientras que el resto del sector privado pagará 18%.
El oficialismo buscará emitir dictamen este 18 de diciembre en el plenario de las dos comisiones a fin de aprobar este 19 de diciembre el proyecto, en lo que será la primera sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que fue convocada por la administración actual.
De ser aprobado, el proyecto será girado al Senado, que se reuniría en sesiones extraordinarias entre esta semana y la próxima para dar la sanción de la normativa en pos de su entrada en vigor antes de fin de año.