"En sesión del Comité de Seguridad Ciudadana se desestimó el acuerdo tomado en la última Reunión Multisectorial del distrito de Pichari (del 20 de octubre), debido a que el acta en la que se hace constar por mayoría de votos dar plazo hasta diciembre para que se retiren todos los venezolanos de la jurisdicción de Pichari, no tiene la cantidad suficiente de firmas para respaldar dicha decisión", afirmó el municipio.
Sin embargo, la Municipalidad ha optado por iniciar un proceso de empadronamiento de los ciudadanos de Venezuela, a los cuales se les exigirá constancia de trabajo, certificado de antecedentes penales y judiciales, así como estar inscritos en la Organización de Venezolanos en Pichari.
El municipio acusa que la migración ha traído problemas de inseguridad ciudadana y de mala convivencia.
El 22 de octubre, la Defensoría del Pueblo peruana condenó la medida tomada en Pichari, advirtiendo que está fuera de todo marco legal y es discriminatoria y violatoria de derechos humanos fundamentales.
El 7 de octubre, una medida de empadronamiento de venezolanos impulsada por el municipio de la ciudad de Pisco, departamento de Ica (costa sur), fue suspendida luego de la intervención del Ministerio de Justicia, bajo advertencias de aplicar sanciones legales a los promotores de una actividad violatoria de derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación.