"El Estado mexicano es responsable de desaparición forzada con participación de autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos de crimen organizado, dicen expertos en derechos humanos de la ONU", anunció el comité en un comunicado emitido en la sede de Ginebra y difundido por la oficina permanente del organismo mundial en México.
La víctima conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica (Veracruz) en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía la detuvieron y la obligaron a subir a uno de los vehículos a punta de pistola.
Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría, según el expediente.
La testigo y familiares de la víctima directa presentaron denuncias y, como resultado, "se identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición", indicó el Comité.
Las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, y la familia de la víctima directa llevó el caso al Comité de Derechos Humanos.
Ese Comité tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo.
México ratificó el Pacto el 23 de marzo de 1981 y el Protocolo Facultativo el 15 de marzo de 2002.
México deberá informar, dentro de 180 días, sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.
En 12 años de combate al crimen organizado, con operativos de las fuerzas armadas, se cometieron más de 260.000 homicidios, 40.000 desapariciones y más de un millón de víctimas de la violencia, según el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El propio presidente reconoció en mayo pasado que " desde hace años hay 26.000 cuerpos sin identificar".