"La presente Ley quiere contribuir a consolidar los sistemas de control y alerta sobre irregularidades en el ámbito público y privado, ofreciendo en ambos sectores una protección integral a los alertadores de informaciones que revelen irregularidades", señala la proposición de ley en sus primeras líneas.
Sin embargo, la redacción del texto corre a cargo del grupo hacktivista Xnet, dedicado a promover una renovación de la democracia acorde con los avances digitales.
En líneas generales, la proposición dibuja una serie de medidas para evitar la toma de represalias contra los denunciantes de corrupción, mediante la creación de una autoridad independiente encargada de ello.
El texto recuerda que de forma más "habitual" se toman represalias en el ámbito laboral, por lo que buena parte de la propuesta legislativa se centra en esta cuestión.
En concreto, el título cuarto de la ley propone la creación de una "Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores" encargada de "velar" por que los denunciantes "no sufran ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de sus condiciones laborales".
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La propuesta también se encargará de ampliar el concepto de alertadores, haciendo que la protección pueda aplicarse a denunciantes particulares en corporaciones públicas o privadas, pero también a asociaciones ciudadanas o medios de comunicación.
Del mismo modo, el texto incide en que la condición de denunciante de corrupción debe llevar aparejada una garantía de la protección de su anonimato.
Como reverso de este sistema de protecciones, la ley también establece un régimen de responsabilidad de los alertadores, a los que se exige que tengan una convicción razonable acerca de la verosimilitud y fiabilidad de la información comunicada.
En distintas ocasiones, organizaciones como la OCDE o Transparencia Internacional, entre otras, llamaron la atención a España por la falta de protección a denunciantes de corrupción.
Con la presentación de esta ley se abre una oportunidad para abordar el problema y cumplir con la obligación de trasponer las directivas europeas, aunque para ello es necesario que la mayoría del Congreso de los Diputados se ponga de acuerdo para aprobar el cambio legislativo sobre la materia, algo que no ocurrió en la pasada legislatura.