La ONG apeló el 17 de abril la resolución y ahora será el Tribunal Supremo el que diga la última palabra.
En mayo del año pasado el Ministerio del Interior israelí revocó la residencia de Shakir alegando que lleva a cabo "actividades contra Israel", y que "frecuentemente envía tuits y comparte contenido sobre el BDS", la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel.
Según Shakir, Israel pretende con esa acción silenciar a los activistas de derechos humanos de Human Rights Watch y de otras organizaciones internacionales que operan en el país.
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Por su parte, el ministro para la Seguridad Pública, Gilad Erdan, dijo que "ningún agente extranjero tiene derecho a permanecer en Israel y disfrutar de su tiempo en el país mientras actúa para hacer daño a sus ciudadanos".
En su sitio web, la organización sostiene que no acepta fondos del gobierno de forma directa o indirecta, o apoyo de ningún donante privado que pudiera comprometer su objetividad e independencia.
Uno de sus mayores donantes, sin embargo, es el magnate financiero George Soros, patrocinador de varias fundaciones que aportaron dinero para las llamadas revoluciones de colores en diversos países.
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En 2010, Soros anunció una donación de 100 millones de dólares en el transcurso de 10 años para Human Rights Watch.