"Hemos visto, y estamos al tanto de las políticas de visas anunciadas por EEUU en referencia a los miembros del personal de la CPI, incluida la fiscal (Fatou Bensouda). Confiamos mucho en que EEUU continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del acuerdo sobre la sede de la ONU, como lo confirmó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en su declaración del 15 de marzo", comentó Dujarric.
Horas antes el 5 de abril, la Oficina de la Fiscal de la CPI confirmó que su visa para ingresar a EEUU había sido revocada y destacó que según el Estatuto de Roma que rige a la CPI, Bensouda tiene un "mandato independiente e imparcial".
En marzo, Pompeo anunció que Washington impondría restricciones de visa y posiblemente sanciones económicas a personas vinculadas a cualquier investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán o por aliados, particularmente Israel, en otros lugares.
En 2017, Bensouda inició una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por diversas partes en conflicto, incluidos el Ejército de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), entre diciembre de 2002 y marzo de 2008.
Pero los jueces de la CPI no han resuelto todavía si abrirán una investigación formal sobre los crímenes cometidos en Afganistán.
EEUU no es un estado parte de la CPI, que tiene actualmente 122 estados miembros.
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La Corte Penal Internacional fue establecida para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra, siempre y cuando compruebe que los países que se encuentran bajo su jurisdicción son incapaces o no tienen voluntad para investigar tales delitos dentro de sus propios sistemas judiciales.