Esta normativa está incluida en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, aprobada este 5 de abril.
"El objetivo de esta medida es poner a la ciudadanía en el centro del nuevo sistema energético", afirmó Ribera.
El período previo al corte de suministro por impago también se amplía de cuatro a ocho meses, en los que el consumidor "recibirá un suministro mínimo vital".
La ministra considera los datos de pobreza energética como "abrumadores" y considera que hay "un crecimiento importante de la población vulnerable desde 2008, por lo que hay que atacar las causas estructurales para reducir la población en situación de pobreza energética", afirmó la ministra.
Se trata de una medida que nunca estuvo implementada en España y muy reclamada por las plataformas contra la pobreza energética, aunque no muy bien aceptada por las grandes empresas eléctricas.
Esta medida se suma a las que ya implementaron para evitar el corte de suministros a las familias en riesgo de exclusión social.