La nueva normativa permite a los venezolanos que vivan en España presentarse en la Administración con un pasaporte que no esté en vigor para resolver la renovación de una estancia por estudios, la reagrupación familiar o la autorización de residencia que no implique lucro.
Antes de esta ley, la normativa española requería que su pasaporte estuviese en vigor, un problema ante las dificultades para renovarlo en los consulados.
Según el Instituto Nacional de Estadística en España hay más de 90.000 venezolanos, según las cifras de 2018, lo que los convierte en los principales solicitantes de asilo.
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Estas facilidades para la burocracia de extranjería se van a mantener hasta que "subsistan las circunstancias extraordinarias que las motiva".