"Esta es una continuación de la misma política que ha fallado durante casi 60 años. Aunque la mona se vista de seda, mona queda", dijo la coalición de empresas privadas y organizaciones que buscan una reforma legislativa para poner fin al embargo comercial y de viajes adoptado por EEUU contra Cuba
Además, Pompeo estableció una excepción que permite a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas por el Gobierno cubano luego de la revolución de 1959 litigar a unas 200 entidades que se encuentran en una lista del Departamento de Estado sobre Cuba, siempre y cuando tales entidades "trafiquen" con los bienes confiscados.
Se trata de empresas supuestamente vinculadas a la defensa y el sector de la seguridad nacional de Cuba.
"Ahora tenemos seis décadas de evidencias de que el embargo daña a los cubanos de a pie y fortalece a los extremistas del Gobierno cubano. Mantener esta política fracasada socava los intereses estadounidenses y ayuda a nuestros adversarios", dijo en el comunicado el presidente de Engage Cuba, James Williams.
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El número de demandas podría ascender, en opinión de especialistas, por la inclusión de ciudadanos cubanos nacionalizados estadounidenses después que se produjeron las nacionalizaciones.
Propietarios de otras nacionalidades que les fueron expropiados sus negocios en Cuba recibieron sus correspondientes indemnizaciones, de acuerdo a los términos pactados entre las partes.
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton, refuerza el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a Cuba desde 1962, y que hasta la fecha, según cifras oficiales, ha provocado daños multimillonarios a la economía de la isla.
El Título III de esta ley de carácter extraterritorial nunca se aplicó desde su promulgación por ninguna de las administraciones que han ocupado la Casa Blanca por su potencial de poner en riesgo los intereses estadounidenses.
En general, las suspensiones de su aplicación se renuevan cada seis meses.