"¿De qué nos estamos liberando? Bajo el dominio imperial la salud es negocio, la vida es mercancía, pero para nosotros, por Constitución, la salud es un derecho humano", expresó el mandatario tras firmar la ley del llamado Sistema Único de Salud (SUS).
En el acto, realizado en la Casa Grande del Pueblo, el gobernante destacó a trabajadores independientes, transportistas, campesinos e indígenas entre los beneficiarios del plan, que pretende brindar servicios de salud a unos 5,5 millones de bolivianos, aproximadamente la mitad de la población nacional, que no está cubierta por seguros tradicionales.
Ministros, las cúpulas militar y policial y centenares de dirigentes sindicales y de los movimientos sociales que constituyen el principal soporte político de Morales celebraron el anuncio de que las atenciones del nuevo servicio comenzarán el 1 de marzo.
En contraste, gobernaciones departamentales en manos de la oposición rechazaban el plan y el Colegio Médico de Bolivia confirmó que iniciará el 6 de marzo, tras los carnavales, una nueva ola de protestas con marchas, paros y bloqueos similares a los que convulsionaron el país en meses pasados.
"Hoy estamos dando un salto a la gratuidad; es un momento histórico en el que se transforma de manera definitiva la vida de la gente (…) a diferencia de la privatización de la educación y la salud que parece estar volviendo en otros lugares", afirmó en el acto la ministra de Salud, Gabriela Montaño.
La funcionaria agregó que el gasto comprometido por el Gobierno para el plan —casi 2.000 millones de dólares en la construcción de hospitales y otros 200 millones de dólares para el funcionamiento en el primer año— era posible por la capacidad económica ganada por Bolivia a partir la nacionalización de los hidrocarburos y otros recursos naturales desde que Morales llegó al Gobierno en 2006.
"No más salud privada mercantilizada, sino salud gratuita universal a largo plazo; esto (lo) vamos a defender si es necesario en las calles", proclamó el sindicalista.
El plan prevé que el Gobierno firme convenios con las regiones para hacerse cargo parcialmente de los servicios de salud de primer y segundo nivel, pero las gobernaciones opositoras de Santa Cruz, La Paz y Tarija se oponían a ese traspaso de responsabilidades por considerarlo un atentado a su autonomía.
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Las otras seis gobernaciones, de línea oficialista, y casi todos los 339 municipios aceptaron los convenios con el Gobierno.
El líder del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, fue más duro aún al denunciar al SUS como "un plan electoral sin sustento que solo busca ganar votos".
Morales, quien cumplió en enero 13 años continuos en el Gobierno y buscará en las elecciones generales de octubre un cuarto mandato, calificó a quienes se oponen al SUS como "enemigos de la vida, de la salud y de la gente".
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En el acto, habló un representante de la Confederación Médica de Bolivia, organización profesional paralela al Colegio Médico, creada hace dos años con apoyo oficial.
El Gobierno abrió en enero el registro de los ciudadanos interesados en beneficiarse con el SUS y dijo que hasta la semana pasada se habían inscrito 1,5 millones de personas.