La situación de crisis se evidenció este 4 de octubre cuando la Mesa del Parlamento de Cataluña fue incapaz de llegar a un acuerdo sobre la delegación de voto de los diputados que están encarcelados o exiliados, sobre los que pesa una suspensión judicial de sus funciones como diputados.
El pasado 2 de octubre, el pleno del Parlamento decidió rechazar la suspensión de los seis diputados, pero aprobó un acuerdo para permitir que fueran sustituidos por otras personas y así delegar su voto pero manteniendo el acta.
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Para ERC, resulta necesario que, tras la suspensión judicial, cada diputado designe a una persona sobre la que delegar el ejercicio de los derechos parlamentarios.
El telón de fondo de esta cuestión vuelve a ser el reconocimiento o no las decisiones de la justicia española y la prevalencia de las decisiones del Parlamento catalán sobre la misma.
El expresidente catalán, Carles Puigdemont (JxCAT), que es uno de los diputados suspendidos, dijo este jueves desde Bélgica que "el Parlamento es soberano y ha decidido no suspender" a los diputados.
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En consecuencia, insiste en que sigue siendo "diputado a todos los efectos" y aboga por ejercer sus derechos como tal de la forma que considere "más útil".
Esto es, manteniendo la delegación de voto anteriormente designada, y no nombrando a un nuevo depositario de sus derechos como diputado.
Actualmente, el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent (ERC), se encuentra manteniendo un encuentro con representantes de ambos partidos para encontrar una solución.
El desencuentro motivó que este 4 de octubre se retrasara el debate sobre política general, que no dio comienzo ante la falta de acuerdo por parte de la Mesa.
El mantenimiento de la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña depende de que ambos partidos encuentren una solución viable a la sustitución o delegación de los derechos de los diputados suspendidos.