La defensa legal de Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí (Educación) y Lluís Puig (Cultura) argumentó que la expresión "huidos" era impropia y desconsiderada y propuso otras alternativas.
Sin embargo, la Justicia considera que el término "huido", tal y como se empleó en la causa, es "adecuado y en absoluto desconsiderado", por lo que mantendrá la definición de "huidos o sustraídos a la acción de la Justicia española."
Puigdemont y otros miembros de su Ejecutivo trasladaron su residencia a Bélgica en octubre de 2017, después de la proclamación de independencia del Parlamento de Cataluña.
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Poco después, la Justicia española reclamó su extradición por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.