En su decisión, la fiscal afirma que una eventual prórroga significaría "innecesaria e inútil prolongación de una situación de incerteza que incide sobre el proceso electoral en curso".
Ese mismo día el tribunal dio al PT un plazo de diez días para sustituir a Lula, un periodo que vence este 11 de septiembre y que sus abogados intentaron prorrogar con recursos ante el Tribunal Supremo Federal que aún no fueron atendidos.
Con su manifestación de este 11 de septiembre, Dodge pide al Supremo que no se atiendan las peticiones de la defensa del expresidente.
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El 10 de septiembre los abogados del expresidente remarcaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había reiterado su petición de que el Estado brasileño respetase los derechos políticos de Lula, incluyendo el de concurrir a las elecciones hasta que se juzgaran todos los recursos pendientes.
Sin embargo, la fiscal consideró este 11 de septiembre, como ya hizo anteriormente, que la decisión del comité de la ONU no debe aplicarse en el caso de Lula.
"El pacto de la ONU trata del impedimento de ciudadanos que sufren restricciones "infundadas" en su pretensión de ser votados, lo que no podría aplicarse en el caso de Lula", subrayó la Procuradoría.
Además, Dodge asegura que la determinación de la ONU tampoco puede acatarse porque en su día Brasil no completó el proceso de interiorización del tratado que firmó ante la organización, lo que garantizaría su eficacia jurídica interna.
Dado que el plazo dado por la Justicia Electoral para que el PT haga cambios en su candidatura termina este 11 de septiembre se espera que el partido anuncie oficialmente la sustitución oficial de Lula por Fernando Haddad, que hasta ahora era candidato a vicepresidente.
Este 11 de septiembre, Haddad visita a Lula en la celda de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (sur) donde está preso, y después el partido celebra una reunión donde podría tomarse la decisión definitiva.