Además, el Ministerio Público también se muestra en contra de imponer medidas cautelares menos gravosas, como reclamaron antes esta semana sus defensas, una vez concluida la fase de instrucción de la causa especial y después de conocerse la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) de no autorizar la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont por rebelión, sino por malversación de fondos.
En consecuencia, defiende que se mantenga la prisión provisional sin fianza como medida cautelar por riesgo de fuga para las personas investigadas por el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
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