Según el rotativo, que cita un informe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona enviado a la Audiencia Nacional, en las conversaciones por radio "queda patente cómo las dotaciones actuantes, con la connivencia de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas", facilitando la celebración del referéndum.
Tras analizar casi 7.000 grabaciones de comunicaciones de los Mossos durante los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2017 en Barcelona capital, la Policía Nacional concluye que "queda de manifiesto una clara voluntad y conocimiento de no llevar a cabo cuantas actuaciones fueran necesarias para impedir el referéndum ilegal".
De este modo "se disimulaba el incumplimiento del mandato judicial, aparentando unas incautaciones que en realidad no eran tales, sino entregas e intervenciones de material abandonado", asegura en el informe.
Los investigadores recuerdan que el mandato judicial consistía en impedir la votación en sí misma —es decir, el acto de meter las papeletas en las urnas—, ya que la Justicia falló que el referéndum era anticonstitucional, pero que la Policía catalana permitió que la votación saliese adelante para luego retirar las urnas.