"El Consejo impuso medidas restrictivas a siete personas implicadas en la situación en Birmania, las sanciones incluyen el congelamiento de activos bancarios y la proscripción de su entrada en la UE", revela el comunicado.
Más de 660.000 rohinyás, un grupo étnico musulmán bengalí del norte del estado birmano de Rakáin, huyeron a la zona limítrofe de Bangladés en los tres meses posteriores al ataque lanzado en agosto de 2017 por el llamado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (antiguo nombre de Rakáin) contra 30 puestos policiales y la operación militar de gran escala llevada a cabo por los militares birmanos en respuesta.
La operación militar se saldó con más de 400 muertos.
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Birmania, una nación mayoritariamente budista, denegó ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes; el conflicto y la crisis humanitaria se agravaron especialmente con el traspaso del poder en Birmania del Gobierno militar a uno civil entre 2011 y 2012.