"El Tribunal General de la Unión Europea confirmó la decisión del Parlamento Europeo de que la eurodiputada Marine Le Pen debe reembolsar 300.000 euros destinados a la contratación de una asistente, al no haber demostrado que esa persona trabajara realmente", indicó la instancia en un comunicado.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) afirmó que Catherine Griset, jefa de gabinete de Le Pen, y el guardaespaldas Thierry Léigier habían sido contratados ficticiamente como asistentes parlamentarios.
Griset llegó a ingresar 298.500 euros de los fondos europeos.
El Tribunal de la UE desestimó el recurso que presentó Le Pen contra la resolución del Parlamento Europeo que le exigía devolver el dinero.
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Marcel Ceccaldi, el abogado de Le Pen, había calificado anteriormente la sanción de la Eurocámara de políticamente motivada.