El escrito solicita al juez Llarena, instructor de la causa donde se investigan los presuntos delitos del independentismo catalán, "proceder a la mayor brevedad a habilitar las medidas necesarias para que el diputado Jordi Sànchez pueda tomar parte como candidato en la sesión de investidura".
En concreto, está procesado por la posible comisión de un delito de sedición por su papel en el proceso independentista catalán, donde en los últimos años tuvo un rol central como expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, una de las mayores organizaciones civiles dentro del separatismo.
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Sànchez ya fue propuesto por el presidente del Parlamento de Cataluña como candidato a la investidura el pasado 12 de marzo, aunque la sesión plenaria para su votación no llegó a celebrarse porque el Tribunal Supremo denegó su salida de prisión.
En consecuencia, los abogados del líder independentista solicitan la puesta en libertad provisional de Sànchez o, en su defecto, la emisión de un permiso especial para acudir físicamente al pleno de investidura, lo que según la doctrina del Tribunal Supremo es condición necesaria para dar validez al proceso.
Además, el escrito interesa que, en caso de que estas dos opciones sean denegadas, se permita la participación del candidato en el debate de investidura por medios telemáticos.