"Hoy volvemos a reclamar la puesta en libertad de todas y todos los detenidos", pidió Andoni Ortuzar, presidente del PNV, a través de un comunicado difundido por redes sociales.
En consecuencia, aboga por abordar la situación "con diálogo, con política, con negociación y, en última instancia, respetando la voluntad de la ciudadanía catalana expresada libre y democráticamente".
"La judicialización de la política en el Estado español no solo es nefasta, sino que constituye el mayor indicador del fracaso del diálogo político", añadió.
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Esta declaración se sitúa en la línea señalada en la noche del 25 de marzo por Íñigo Urkullu, presidente del gobierno vasco, que dijo sentir "preocupación" por la "desaparición del ejercicio de la política en su sentido más positivo".
La emisión de dicha orden llegó tras confirmarse su procesamiento por delitos de rebelión y malversación, por los que afronta una posible pena de cárcel de entre 17 y 33 años de prisión.
En total, son 25 las personas procesadas por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de delitos de rebelión, malversación o desobediencia durante el proceso independentista catalán.
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Actualmente, un total de nueve políticos independentistas procesados en esa causa se encuentran detenidos de manera preventiva en Madrid.
Además, seis de los procesados en dicha causa, siete si se incluye a Puigdemont, se encuentran huidos fuera de España para eludir un posible envío a prisión, aunque el Tribunal Supremo ya dictó órdenes europeas de detención contra cinco de ellos.