"La Unidad tiene la característica de ser humanitaria y extrajudicial, y bajo esas características debe garantizar la confidencialidad de las fuentes; una de las fuentes de documentación son justamente los actores armados que pueden ofrecer información a la unidad", señaló la funcionaria tras ser posesionada el 20 de febrero por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
De acuerdo con sus declaraciones, difundidas por la emisora local W Radio, la Unidad mantendrá la reserva sobre sus fuentes, ya que privilegiará lo humanitario de la búsqueda y no determinará responsabilidades de quiénes fueron los autores de las desapariciones o por qué lo hicieron.
La funcionaria también señaló que espera que la Unidad comience a operar en su totalidad a finales de este año, pese a que un decreto del Ministerio de Justicia establece que deberá empezar sus operaciones como máximo el próximo 15 de julio.
La Unidad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana con la ahora disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
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Aunque la cantidad exacta de desaparecidos en el conflicto no se ha podido determinar, Monzón señaló que la Unidad espera confirmar el destino de unas 60.000 personas, cifra manejada por el Gobierno con base en información del estatal Centro de Memoria Histórica.