Fallo contra Chiquita Brands "debe inspirar a seguir batallando ante el accionar criminal de EEUU"
Fallo contra Chiquita Brands "debe inspirar a seguir batallando ante el accionar criminal de EEUU"
Sputnik Mundo
Un tribunal en Florida ordenó el pasado lunes 10 de junio a la empresa bananera estadounidense, con un frondoso historial como agente desestabilizador en... 14.06.2024, Sputnik Mundo
Según el jurado, la compañía hizo pagos en efectivo para ordenar las matanzas con el objetivo de quitar del medio a individuos para poder luego comprar sus tierras y poder cultivar bananas.De acuerdo con la sentencia, la empresa estadounidense, una de las compañías fruteras más grandes del mundo, y que ha financiado en el pasado distintos golpes de estado en América Latina, siendo el más famoso en Guatemala a través de la CIA en la década del 50, Chiquita Brands International debe indemnizar por 38,3 millones de dólares a las familias de ocho hombres colombianos asesinados por sus órdenes.Chiquita había reconocido haber hecho pagos entre 2001 y 2004 al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por un total de 1,7 millones de dólares, pero aseguró que lo hizo para obtener protección para sus trabajadores y ejecutivos en zonas de Colombia capturadas por guerrillas insurgentes."El veredicto no devuelve a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por la financiación del terrorismo donde corresponde: a las puertas de Chiquita", declaró en un comunicado Agnieszka Fryszman, abogada del bufete Milstein Sellers & Toll, que representó a los demandantes."Estamos muy satisfechos con el veredicto del jurado, pero no podemos olvidar que hablamos de abusos terribles", dijo por su parte Marco Simons, abogado de la organización de derechos humanos EarthRights International, otra de las agrupaciones que representaron a familiares de víctimas."Yo creo que es importante en varios aspectos. Por un lado, funciona como un recordatorio que las grandes corporaciones de EEUU, utilizando como brazo operacional al gobierno de EEUU, orquestaron golpes y matanzas en la región no solo por una cuestión ideológica, para favorecer una línea política, sino persiguiendo intereses comerciales. Y que lo hicieron no solo en el siglo XX, en la Guerra Fría, sino que también durante los 90, y los 2000, y que es algo que siguen haciendo", afirmó a Sputnik Claudia Serrano, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM."En el caso de Colombia, ahora podemos ver, por ejemplo, el apoyo de Washington al gobierno de Álvaro Uribe, que apoyaba estos grupos paramilitares, también bajo otra óptica, sabiendo que empresas históricamente ligadas a la CIA como la Chiquita/United Fruits apoyaban financieramente a estos grupos y que ordenaban asesinatos en tierra colombiana a ciudadanos colombianos", pondera.Serrano agrega que aunque el veredicto no podrá compensar las violaciones en materia de derechos humanos en contra de las víctimas y sus familiares, éste "es importante para que los países de la región empiecen a pensar qué tipo de marco jurídico tendrían que dar a estos episodios que siguen ocurriendo", además de que aportan para entender la necesidad de impulsar investigaciones sobre las políticas desestabilizadoras que EEUU sigue impulsando "para quedarse con recursos naturales en países como Venezuela o Bolivia".En esos países, recuerda la especialistas, el Departamento de Estado "ha financiado ya no solo partidos políticos y think tanks, sino conflictividad a nivel territorial". "Incluso en México, con esas asociaciones de la organización civil, think tanks, presuntas agencias de cooperación para el desarrollo, nunca queda del todo claro de dónde viene el financiamiento y cuál es la agenda real que persiguen. Y no hay una rendición de cuentas oficial ante la justicia, pese a que en varios de esos casos impulsan una agencia desestabilizadora, financiada por el exterior. Entonces, el fallo en los Estados Unidos sienta un precedente para ya no solamente preocuparnos por las organizaciones de la sociedad civil, sino para empezar a indagar qué buscan ciertos financiamientos y apoyos que hacen las corporaciones transnacionales en América Latina y hasta qué punto ellos pueden intervenir", concluye.
Un tribunal en Florida ordenó el pasado lunes 10 de junio a la empresa bananera estadounidense, con un frondoso historial como agente desestabilizador en América Latina operando bajo el nombre de United Fruit Company, pagar 38,3 millones de dólares por contratar un grupo paramilitar y asesinar a ocho personas en Colombia durante los años noventa.
Según el jurado, la compañía hizo pagos en efectivo para ordenar las matanzas con el objetivo de quitar del medio a individuos para poder luego comprar sus tierras y poder cultivar bananas.
De acuerdo con la sentencia, la empresa estadounidense, una de las compañías fruteras más grandes del mundo, y que ha financiado en el pasado distintos golpes de estado en América Latina, siendo el más famoso en Guatemala a través de la CIA en la década del 50, Chiquita Brands International debe indemnizar por 38,3 millones de dólares a las familias de ocho hombres colombianos asesinados por sus órdenes.
Chiquita había reconocido haber hecho pagos entre 2001 y 2004 al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por un total de 1,7 millones de dólares, pero aseguró que lo hizo para obtener protección para sus trabajadores y ejecutivos en zonas de Colombia capturadas por guerrillas insurgentes.
Sin embargo, durante el juicio salió a la luz que la empresa estadounidense no solo había empezado sus pagos varios años antes de lo que reconocían, en 1997, sino que en al menos en ocho casos lo hicieron para ordenar la matanza de personas que no querían vender sus tierras, para luego apropiarse de esas áreas por un precio menor, al ser afectada su cotización por el miedo causado por estos ataques.
"El veredicto no devuelve a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por la financiación del terrorismo donde corresponde: a las puertas de Chiquita", declaró en un comunicado Agnieszka Fryszman, abogada del bufete Milstein Sellers & Toll, que representó a los demandantes.
"Estamos muy satisfechos con el veredicto del jurado, pero no podemos olvidar que hablamos de abusos terribles", dijo por su parte Marco Simons, abogado de la organización de derechos humanos EarthRights International, otra de las agrupaciones que representaron a familiares de víctimas.
Si bien la empresa dijo en un comunicado que apelaría la sentencia, expertos le dijeron a Sputnik que marca un "precedente histórico" que debería inspirar "a seguir batallando judicialmente contra la impunidad del accionar criminal del gobierno de EEUU", sus servicios de inteligencia y sus empresas en América Latina.
"Yo creo que es importante en varios aspectos. Por un lado, funciona como un recordatorio que las grandes corporaciones de EEUU, utilizando como brazo operacional al gobierno de EEUU, orquestaron golpes y matanzas en la región no solo por una cuestión ideológica, para favorecer una línea política, sino persiguiendo intereses comerciales. Y que lo hicieron no solo en el siglo XX, en la Guerra Fría, sino que también durante los 90, y los 2000, y que es algo que siguen haciendo", afirmó a Sputnik Claudia Serrano, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM.
"El fallo, y las pruebas que se revelaron, dan cuenta por ejemplo cómo estas grandes corporaciones no son ajenas también de desarrollar sus propias estrategias geopolíticas, que van más en función de garantizar el rendimiento económico, la acumulación de capital, aún cuando eso implique la desestabilización política", sentencia la analista.
"En el caso de Colombia, ahora podemos ver, por ejemplo, el apoyo de Washington al gobierno de Álvaro Uribe, que apoyaba estos grupos paramilitares, también bajo otra óptica, sabiendo que empresas históricamente ligadas a la CIA como la Chiquita/United Fruits apoyaban financieramente a estos grupos y que ordenaban asesinatos en tierra colombiana a ciudadanos colombianos", pondera.
Serrano agrega que aunque el veredicto no podrá compensar las violaciones en materia de derechos humanos en contra de las víctimas y sus familiares, éste "es importante para que los países de la región empiecen a pensar qué tipo de marco jurídico tendrían que dar a estos episodios que siguen ocurriendo", además de que aportan para entender la necesidad de impulsar investigaciones sobre las políticas desestabilizadoras que EEUU sigue impulsando "para quedarse con recursos naturales en países como Venezuela o Bolivia".
En esos países, recuerda la especialistas, el Departamento de Estado "ha financiado ya no solo partidos políticos y think tanks, sino conflictividad a nivel territorial".
"Incluso en México, con esas asociaciones de la organización civil, think tanks, presuntas agencias de cooperación para el desarrollo, nunca queda del todo claro de dónde viene el financiamiento y cuál es la agenda real que persiguen. Y no hay una rendición de cuentas oficial ante la justicia, pese a que en varios de esos casos impulsan una agencia desestabilizadora, financiada por el exterior. Entonces, el fallo en los Estados Unidos sienta un precedente para ya no solamente preocuparnos por las organizaciones de la sociedad civil, sino para empezar a indagar qué buscan ciertos financiamientos y apoyos que hacen las corporaciones transnacionales en América Latina y hasta qué punto ellos pueden intervenir", concluye.
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