La nota del Departamento de Justicia precisa que se imputa a Javier Aguilar de lavado de dinero por su participación en un plan para pagar unos 870.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano a cambio de ayudar al empleador de Aguilar a conseguir un contrato de 300 millones de dólares entre la compañía europea y Petroecuador.
Se indica que Aguilar trabajaba como gerente y comerciante de petróleo en Houston y entre mediados de 2015 y hasta 2020 él y otros sobornaron a funcionarios del Gobierno ecuatoriano por su ayuda a obtener y retener negocios para la compañía europea.
Se añade que para ocultar los sobornos se concluyeron acuerdos de consultoría falsos y fraudulentos con unos consultores ubicados en Estados Unidos que en realidad eran intermediarios de sobornos.
"La empresa de comercio de petróleo pagó a dos intermediarios 1,4 millones de dólares por sus esfuerzos para sobornar en secreto a los funcionarios del Gobierno", dice la nota.
Aguilar enfrenta hasta 20 años de prisión, si es declarado culpable.