"La autoridad jurisdiccional [juez] conmina a las autoridades del Gobierno a dejar de realizar persecución en contra de nuestro fiscal general, Juan Lanchipa", anunció el secretario genergal de la Fiscalía, Edwin Quispe, en un boletín citado por el medio.
Agregó que, con este fallo del juez segundo de instrucción penal de El Alto, ciudad vecina a La Paz, "se ha confirmado que el fiscal general ha sido un blanco institucional por parte del Gobierno; es así que ha ganado una acción de libertad".
El Gobierno transitorio sufrió este nuevo revés judicial como respuesta de un recurso presentado por Lanchipa contra un juicio que le había iniciado el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, por supuestos delitos de falsificación de documentos cuando postuló al cargo de fiscal general hace dos años.
Lanchipa había afirmado que el juicio en su contra solo buscaría frenar las investigaciones sobre varios casos de
La justicia había golpeado previamente al Gobierno con la anulación de una resolución de clausura anticipada de la gestión escolar 2020 y el rechazo a recursos contra leyes de lucha contra la pandemia de COVID-19, que la presidenta Áñez se negó a firmar y terminaron promulgadas por el parlamento.
Según La Razón, en la audiencia judicial del fin de semana que terminó en favor del fiscal Lanchipa, el viceministro Melgar habría presentado recortes de diarios y publicaciones en internet como pruebas que el juez desestimó.
"Con este pronunciamiento judicial los denunciantes deben comprender que las pruebas y actos de hostigamiento en contra del fiscal general del Estado han sido diluidos, se ha demostrado de manera taxativa, contundente y de manera enfática que la persecución realizada al fiscal general debe cesar", afirmó Quispe.
El fiscal ha enfrentado además, en meses pasado, fuertes presiones del Gobierno para que impulse procesos contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), en causas por sedición, terrorismo, atentados contra la salud, fraude electoral y otros.
Lanchipa fue designado por el Parlamento en 2018 y el Gobierno no tiene autoridad para destituirlo.