"Estamos convencidos de que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y más temprano que tarde iremos a una consulta popular para que no sea un Ministro de Estado o un Presidente de la República, sino sea el soberano del Azuay quien se pronuncie por el futuro de sus hijos, de la vida, del agua", dijo Pérez a periodistas a su ingreso a la Corte.
La primera pregunta es: "Está usted de acuerdo con que se prohíba, sin excepción, actividades de exploración y explotación de minería metálica en zonas de descarga y regulación hídrica, bosques protectores, humedales, áreas sensibles en la provincia del Azuay".
La segunda pregunta busca consultar a la población de esa provincia si está de acuerdo con la caducidad de las concesiones o títulos mineros otorgados antes de la realización de la consulta popular (en caso de concretarse) en fuentes de agua, zonas de carga y descarga, regulación hídrica, humedales, páramos, y zonas sensibles de la provincia del Azuay.
Pérez llegó a la Corte acompañado de activistas y pobladores de algunas zonas mineras; y en medio de cánticos y consignas aseguró que no existe razón para que se niegue el pedido.
Pérez advirtió que si su pedido era denegado impulsaría una consulta nacional.
Añadió que si las empresas que se sientan afectadas quieren demandar al Estado se puede acudir a la figura legal de repetición, para que los costos sean asumidos por el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) y sus ex funcionarios, "que en un franca irregularidad concesionaron minería en territorios indígenas sin consulta previa y en aquellos terrenos donde están áreas de bosques protegidos, zonas sensibles, páramos, humedales y fuentes de agua".
De acuerdo con el prefecto, la Corte debería pronunciarse en un plazo no mayor a 30 días.
Al momento Ecuador tiene dos proyectos mineros en producción: Mirador y Fruta del Norte, ubicados en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.