Las pensiones dependen de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), un sistema de capitalización individual introducido en 1980 e instaurado completamente en 1982 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Fue creado por José Piñera, el hermano mayor del actual presidente del país, Sebastián.
"A pesar de que toda la sociedad está pagando este enorme costo, aquí el que gana, ciertamente, es el sector financiero. (...) Esto es una enorme pérdida para la sociedad", dijo Stiglitz. "Chile debiese estar sumamente preocupado por tener un sistema de pensiones privado, ya que es uno de los países más desiguales de la OCDE y ese modelo genera mayor desigualdad", agregó.
¿Cómo funciona el sistema chileno?
El sistema de previsión social se sustenta en el ahorro individual para la vejez. Se distingue del sistema de solidaridad generacional (llamado de reparto público, donde los trabajadores activos financian a los pasivos) porque se basa en el supuesto de que el dinero aportado mes a mes por cada persona laboralmente activa (10% de su salario), es el dinero que recibirá una vez se retire, pero con intereses. Se supone que las AFP invierten los recursos aportados por los trabajadores en diversos instrumentos financieros y así incrementan el monto acumulado.
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¿Por qué gana el sector financiero y no los pensionistas?
El problema es que el sistema no reparte bien. Según dijo a Sputnik Cademartori, doctor en Desarrollo Económico y autor del artículo Pensiones: mitos que bloquean el cambio de sistema, las AFP fracasaron porque en marzo de 2019, el 50% de los pensionados que obtuvieron una Pensión de Vejez por edad recibieron pensiones menores a 151.000 pesos (194 dólares) que, si no se contemplara el Aporte Provisional del Estado, serían de 133.000 (170 dólares). En otras palabras, el 50% de los jubilados recibió la mitad de un salario mínimo nacional (198 dólares).
Este no es un problema atribuible únicamente a los períodos donde las personas dejan de cotizar. Según explica Cademartori en el artículo Soluciones al fondo del problema de las pensiones, incluso en el tramo de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años en su vida laboral, el 50% recibió una pensión menor a 294.000 pesos mensuales (378 dólares), cifra que baja entre los pensionados del 2018 a 246.000 pesos (316 dólares).
El académico explicó que en el sistema de reparto público tiende a distribuir entre los pensionados prácticamente el total del fondo. En el privado (con la promesa de que los fondos administrados por el sistema financiero van a dar una muy buena rentabilidad), solamente se reparte la mitad del total de las capitalizaciones. La otra mitad es administrada por las empresas que invierten el dinero del trabajador.
Los grandes grupos económicos en los que está invertido el grueso de las cotizaciones son seis: Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Solari. "Mientras en 1994 llegaron a existir 21 AFP, para 2013 sólo se registraban seis, cuatro de ellas concentraban más del 85% de los afiliados, de los cotizantes y del total de activos", escribió el economista.
¿A dónde van a parar la mitad de los fondos de los trabajadores?
- La rentabilidad del negocio para los dueños de las AFP es "sobrenormal". El economista señala que la ganancia es de 25% anual, mientras que la industria bancaria y de compañías de seguros de vida es de 15%.
- En el "excesivo costo administrativo", consecuente del "carácter concentrado" del mercado de AFP. "Se refleja en las desorbitadas remuneraciones de Directores y Gerentes", escribió Cademartori.
- En "gastos". Cademartori señala que, por ejemplo, dentro de los "gastos" que liquidan las AFP, el rubro "Otros" representa el 12% de los descuentos que realizan del fondo, y no están transparentados. Además, indicó que sólo en el segundo trimestre de 2017, las AFP retiraron de los cotizantes 75.000 millones de pesos (95 millones de dólares) por concepto de "comisiones fantasmas" que se cargan al trabajador y no se sabe qué son.
Las pensiones en números
En 2016 el fondo acumulado de previsión tenía 108 billones de pesos (138 millones de dólares); ese año el conjunto de trabajadores cotizó 14 billones de pesos (17,9 millones de dólares), pero las AFP repartieron a los jubilados sólo 7 billones de pesos (8,9 millones de dólares), según los informes de la Superintendencia de Pensiones del Gobierno de Chile.
En 2017 sucedió lo mismo: los grupos administradores del fondo se quedaron con la mitad de los ingresos.
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Mediante este mecanismo el fondo que los chilenos van acumulando crece velozmente, mucho más rápido que los montos de las pensiones. Según los datos del artículo de Cademartori, en junio de 2017 el fondo de pensiones acumulado representaba el 76% del PIB chileno y había aumentado más de 10% en los 12 meses.
Las medidas del Gobierno
La ley que aprobó el Senado este miércoles 4 prevé un aumento gradual de las pensiones solidarias de vejez (las pensiones que reciben quienes no tienen derecho a jubilación en ningún régimen previsional o que tienen muy pocos fondos en las AFP).
Según un comunicado del Senado, cerca de 1,6 millones de personas se verán beneficiadas. Con la ley se busca que todos los pensionados del 60% más vulnerable del país reciban pensiones por sobre la línea de la pobreza.
No obstante, según señaló Cademartori, el dinero requerido para solventar estos aumentos sale de las arcas del Estado.
El proyecto no dio cabida a la demanda de eliminar el sistema privado de pensiones; las AFP seguirán repartiendo sus fondos mitad a los pensionados y mitad a los grupos económicos.
Demandas ciudadanas
A la par del reclamo de terminar con el sistema de cotización individual está el de cambiar la Constitución, que establece que el Estado no puede tener empresas en las áreas donde esté presente el sector privado.
"¿Cuántos países dejaron la educación en manos del mercado? ¿El sistema de salud? Nosotros somos un caso raro en todo, por la historia política de Chile se pudieron hacer cosas que en democracia no se podrían haber hecho", dijo Cademartori.
Uno de las propuestas para pasar de un sistema privado a uno de solidaridad generacional es crear "una institución estatal autónoma donde la administración gubernamental no pueda sacar recursos para otros fines distintos a la Seguridad Social", planteó Cademartori en su artículo.
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"La solución es muy simple: hay que tomar los fondos de los trabajadores que hoy están cotizando, y usarlos directamente para repartirlo en pensiones", dijo a Sputnik.