"El Parlamento de Cataluña expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán", declaraba la formación independentista Candidatura de Unidad Popular (CUP) en su propuesta.
El Ple del @parlamentcat aprova el primer punt de la moció de la @cupnacional sobre l'autogovern pic.twitter.com/wzj6Pql8N6
— Parlament de Catalunya (@parlamentcat) November 12, 2019
El órgano catalán aprobó la propuesta de los independentistas en una sesión que debía celebrarse a las 15:00 (hora local), pero fue adelantada a las 9:30 (hora local) para evitar que el Tribunal Constitucional, que se reunía también la mañana de este 12 de noviembre, suspendiera su tramitación a petición del Gobierno.
Ocho miembros del hemiciclo del partido Catalunya En Comú Podem, la rama catalana de Unidas Podemos, se abstuvieron, mientras que el Partido Socialista catalán y el Partido Popular se negaron a votar, y la formación liberal Ciudadanos abandonó la sala como muestra de protesta.
En la moción también se reclamaba que el presidente catalán, Quim Torra, apartara de su cargo al consejero de Interior, Miquel Buch, tras los disturbios producidos en Barcelona durante las últimas semanas, que han puesto en el punto de mira a la Policía autonómica catalana.
Se trata de una nueva respuesta del Parlamento catalán a la sentencia del Tribunal Supremo español contra varios políticos independentistas, que se encuentran en prisión.
A su vez, el Tribunal Constitucional de España estudiará si la aprobación en el Parlamento de Cataluña de la moción la autodeterminación puede conllevar responsabilidades penales para los promotores por aprobarse después de que quedara establecida la suspensión de su tramitación.
"El tribunal está comprobando si la votación ha tenido lugar antes de que quedara notificada la suspensión del acuerdo de admisión a trámite", informa el diario La Vanguardia en su edición digital.
En octubre, el órgano ya reprobó la actuación del presidente del tribunal que condenó a los líderes independentistas, Manuel Marchena, y rechazó la sentencia por ser "injusta" y "el resultado de un juicio político".
Ignorar una suspensión del alto tribunal español conllevaría responsabilidades para Roger Torrent, como presidente del órgano, así como para los miembros de la mesa parlamentaria.
En caso de que la suspensión ya estuviera notificada, los responsables de la Cámara catalana incurrirían en un delito de desobediencia.
Del mismo modo, independientemente de la hora de la llegada de la notificación, Torrent podría haber incurrido en dicho delito porque el Tribunal Constitucional le instó en distintas ocasiones durante las últimas semanas a eludir cualquier tramitación que vulnere su jurisprudencia.