"Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el estado de Derecho en Nicaragua", señala el comunicado oficial.
Las restricciones incluirían la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes. Las personas físicas y las entidades del bloque comunitario tendrán prohibido además poner fondos a disposición de los incluidos en la lista.
El marco adoptado, según el Consejo, permite aplicar un enfoque flexible, añadiendo designaciones específicas en caso de deterioro y revocándolas en caso de un avance positivo.
El comunicado insta a todas las partes en Nicaragua a "reanudar de forma constructiva un diálogo nacional eficaz, amplio y centrado en los resultados, en particular sobre la adopción de reformas electorales de conformidad con las normas internacionales, como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas", y reafirma que la UE está dispuesta a ofrecer su apoyo si las partes lo solicitan.