"Ante una potencial violencia solo cabe una reacción de rechazo por todos aquellos que tenemos responsabilidades políticas", dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá.
El pasado 24 de septiembre fueron detenidos en Barcelona nueve simpatizantes de la causa independentista por la presunta planificación de acciones violentas.
En concreto, estas personas están acusadas por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
Dos de los detenidos fueron puestos en libertad el 23 de septiembre y los siete restantes fueron enviadas a Madrid, donde un juez de la Audiencia Nacional decidió este 26 de septiembre su ingreso en prisión provisional.
El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, aseguró que las acusaciones vertidas contra estas personas son un intento de criminalizar a todo movimiento independentista.
"El Gobierno rechaza de plano las afirmaciones de Quim Torra acusando al Estado de querer criminalizar a los sectores independentistas", dijo este 27 de septiembre Isabel Celaá.
La portavoz del Gobierno de España aseguró que las detenciones fueron ejecutadas por la Guardia Civil en virtud de una orden judicial proveniente de la Audiencia Nacional bajo criterios estrictamente legales.
A su modo de ver, Quim Torra debería hacer un ejercicio de "responsabilidad" y "condenar cualquier posible o potencial violencia" en lugar de sembrar dudas sobre la actuación policial.
Las resoluciones del Parlamento catalán
El Gobierno de España impugnará las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña de su respaldar la "desobediencia civil e institucional" como respuesta a la inminente sentencia contra los responsables del referéndum del 1 de octubre de 2017.
"El Gobierno ha tomado la decisión de impugnar varias resoluciones aprobadas ayer en el Parlamento de Cataluña", anunció Celaá.
La vocera gubernamental especificó que se trata de tres resoluciones: una referida al compromiso de la Cámara catalana a liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O, otra que insta a impulsar un acuerdo nacional por la autodeterminación y la amnistía total de las personas condenadas y, finalmente, una que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña.
Según anunció Celaá, estas resoluciones suponen "una clara extralimitación" y "un ataque a la convivencia" que el Gobierno de España "no está dispuesto a consentir".
Por ello, el Ejecutivo anunció este 27 de septiembre que dará instrucciones a la Abogacía del Estado para impugnar las resoluciones ante el Tribunal Constitucional.