Los activistas permanecieron "más de una hora bloqueando el acceso a los coches bajo el lema 'Madrid Central Funciona'", según confirmaron a Sputnik desde la organización.
🔴 ÚLTIMA HORA #MadridCentral
— puedocircular (@puedocircular) 1 июля 2019 г.
La policía se lleva a la fuerza a los activistas de @greenpeace_esp de la Calle Alcalá pic.twitter.com/Lh5NKRtlLd
"Reclamamos que el ayuntamiento no rebaje una medida que ha demostrado su eficacia reduciendo la contaminación a su valor más bajo en 10 años", señalan desde Greenpeace.
Con esta acción, animan a la ciudadanía "a seguir respetando Madrid Central con o sin multas".
Madrid va camino de convertirse en la primera gran capital europea en revertir sus planes para transformar la ciudad en una zona de bajas emisiones, unos planes que salvaron a España de recibir sanciones desde la Unión Europea y que el nuevo alcalde de la ciudad, José Luis Almeida, pretende derribar con la moratoria puesta en marcha este 1 de julio.
Estimado @AlmeidaPP_ quitar #MadridCentral es un atentado contra la salud de las personas, el clima y las normas europeas. ¿De qué lado de la Historia está?
— Florent Marcellesi (@fmarcellesi) 1 июля 2019 г.
Todo mi apoyo a @greenpeace_esp que hoy ha cortado la calle Alcalá para recordar que sí #MadridCentralFunciona! pic.twitter.com/sAoH28Cv3X
Almeida tomo posesión el pasado 15 de junio gracias a un pacto con liberales y ultraderechistas, sucediendo así a la anterior alcaldesa, la izquierdista Manuela Carmena, que dedicó buena parte de su acción de gobierno a implantar Madrid Central, una iniciativa para transformar casi la totalidad del distrito centro de la ciudad (472 hectáreas) en una zona de bajas emisiones.
Dos días después de que Almeida asumiera el cargo, la nueva administración municipal anunció que desde este 1 de julio se dejará de multar a los vehículos que entren en la zona restringida sin cumplir esos requisitos, lo que supone una derogación de facto de Madrid Central.
Según el Ayuntamiento, esta moratoria durará al menos tres meses, algo que la ONG califica de medida "arbitraria".