"La contaminación generada en las localidades de Quintero y Puchuncaví (centro de Chile) nos dice que este es un país donde la energía se produce sacrificando a las personas, sin respetar sus derechos fundamentales, y dejando en evidencia que para el Estado hay ciudadanos de primera y segunda categoría", señaló Asun.
El fallo del tribunal sentó un precedente en temas medioambientales debido a que no atribuyó la principal responsabilidad de la crisis a las empresas contaminantes, sino que estableció que el Estado era el principal responsable, al no ejercer su rol fiscalizador.
La Corte Suprema indicó como responsable al Estado de Chile, al presidente de la República (como institución), al ministerio de Medio Ambiente y al ministerio de Salud por sus "eventuales incumplimientos en prevención y fiscalización".
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Por último, ordenó que de inmediato el Gobierno presente un plan de 15 medidas para disminuir la cantidad de material contaminante emitido por las empresas, las que deberán comenzar a ser implementadas por los organismos gubernamentales correspondientes antes de un año.
"Este fallo es un precedente importantísimo en el reconocimiento de la deuda histórica con los vecinos de Quintero y Puchuncaví, estableciendo que no solo se violan sistemáticamente los derechos de las personas, sino que hay una inacción sistemática del Estado, y en particular, de los entes de Gobierno", dijo Asun.
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El líder de Greenpeace Chile aseguró que "la justicia se pronunció ya que el Gobierno no hizo su trabajo, los tribunales decidieron interceder frente a la indiferencia de las autoridades".
"Actualmente, es peligroso para un niño o un anciano vivir en Quintero o Puchuncaví, porque no se garantiza su derecho fundamental a vivir en un ambiente libre de contaminación", dijo.
Criticó, en particular, el desempeño en materia medio ambiental del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, afirmando que "él será el encargado de encabezar la reunión de cambio climático mundial COP25 este año en Chile, un país donde la energía se produce sacrificando a las personas, y donde actualmente el 40% de la electricidad se genera en centrales termoeléctricas".
El año pasado la situación se agravó cuando, tras nuevos episodios de contaminación con emisiones de gases y con derrames de petróleo, 1.700 chilenos, incluidos niños y ancianos, presentaron intoxicaciones por inhalación de gases tóxicos.
Entre las 15 medidas que estableció la Corte Suprema para descontaminar están: realizar estudios para determinar el origen y composición del material contaminante, establecer parámetros de emisiones contaminantes, elaborar un plan de emergencia que permita evacuar rápidamente a la población en caso de derrame o crisis contaminante, delimitar una zona de peligro alrededor de las empresas, entre otras.