De esta forma, el Supremo confirma la pena impuesta por la Audiencia Nacional "por apropiación indebida continuada" en el caso de las conocidas como tarjetas 'black' de Caja Madrid.
El pronunciamiento del Supremo ratifica las líneas maestras de la sentencia dictada previamente por la Audiencia Nacional y, además de confirmar la condena a Rato, hace lo propio con otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de Caja Madrid (entidad que posteriormente se pasó a llamar Bankia)
Todos ellos fueron encontrados culpables de un delito de apropiación indebida por el uso de las 'tarjetas black', con las gastaron más de 12 millones de euros de la entidad en gastos personales y de manera opaca al fisco.
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Según relata la sentencia, las 'tarjetas black' fueron creadas en 1998 constituyendo “una forma en la que los consejeros se retribuían a sí mismos a costa del patrimonio de la entidad”.
Además de por su actividad en Caja Madrid y como presidente del FMI (2004-2007), Rodrigo Rato es conocido en España por ser una de las figuras más relevantes de conservador Partido Popular y de los gobiernos de José María Aznar entre 1996 y 2004.
Además de ser ministro de Economía, ocupó el cargo de vicepresidente del Gobierno en la última legislatura de Aznar, del que se ha especulado que su verdadera intención era nombrar a Rato como su sucesor en lugar de a Mariano Rajoy.
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El caso de las 'tarjetas Black' generó un gran revuelo mediático en España tras su descubrimiento debido a lo variopinto de los gastos de exconsejeros y exdirectivos de la entidad, que fundamentalmente dedicaron el dinero a artículos de lujo, restaurantes caros, alcohol, viajes o lencería.
Otro de los motivos de indignación social en torno a este caso es que las actividades ilícitas de los directivos se conocieron después de que la entidad fuese rescatada en 2012 con 23.000 millones de euros procedentes de las arcas públicas.
De hecho, Rato se encuentra actualmente afrontando otro proceso judicial por la mala gestión al frente de Bankia.
El próximo 26 de noviembre se sentará en el banquillo de los acusados junto a otras 33 personas por irregularidades en la salida a bolsa de la entidad.
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A los acusados se les imputan los delitos de estafa a inversores y falsedad en las cuentas, unos delitos que en el caso de Rato, según la petición de Fiscalía, deberían ser penados con al menos cinco años de prisión, que se sumarían a la condena por el caso de las 'tarjetas black'.