"Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país", dijeron los expertos de la ONU, consigna un comunicado de prensa divulgado este 9 de agosto.
Además, dice el comunicado, se ha denunciado que la financiación de algunas instituciones académicas se ha congelado, "como forma de retaliación contra las protestas".
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Sin embargo, la vicepresidenta de Nicaragua y esposa del presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, dijo el 7 de agosto que la cifra oficial de fallecidos es de 197 y que los números dados por otras fuentes son manipulados.
El Gobierno de Daniel Ortega atribuye el derramamiento de sangre a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando".