"Es una canallada producto de los montajes habituales que ha ejercido la OEA (Organización de los Estados Americanos) contra Venezuela, de los cuales ninguno ha tenido éxito", dijo Chaderton, exembajador ante la organización hemisférica, abogado y excanciller (2002-2004).
"Existe fundamento razonable (de) que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad (…) y se recomienda que la Secretaría General presente la denuncia ante la Oficina de la Fiscal de la CPI", dijo uno de los miembros del panel, Santiago Cantón, en la presentación del texto.
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Chaderton cuestionó que se hubiera contratado a Cantón, a quien calificó de "vasallo del imperialismo estadounidense".
El diplomático venezolano dijo que la OEA centra su mirada en la situación del país, magnificando su realidad, con el objetivo de atacarla, pero en el pasado jamás prestó atención a casos en los que realmente se cometieron crímenes de lesa humanidad.
El informe acusa a directamente al presidente Nicolás Maduro y a los responsables de su ejército de actuar contra la oposición y de tratarla como un "enemigo interno" y recomienda a los países miembros de la OEA denunciar estos hechos "para acabar con la impunidad" de "la peor crisis humanitaria del continente".
En cuanto a la posibilidad de que el propio Maduro sea denunciado ante la CPI, Chaderton indicó que, si bien no existe base legal, no se puede descartar nada, pues a Venezuela "buscan atacarla por diversos flancos".
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Sin embargo, aseguró, todos los intentos que se realicen para dañar a Maduro y a Venezuela, "fracasarán" porque la población está lista para enfrentarlos.
El trabajo realizado por los juristas Cantón, Irwin Cotler y Manuel Ventura Robles recoge, entre otros testimonios, declaraciones de la ex fiscal general Luisa Ortega, quien detalló que 1.777 personas fueron asesinadas en 2015 "por funcionarios militares y policiales y para el año 2016, la cifra aumentó a 4.667".
Además, según las declaraciones de Ortega, destituida por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente por presuntas faltas graves en el ejercicio de su cargo, hasta junio del 2017 "se habían registrado 1.846 personas asesinadas".
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Según Cantón, las altos mandos del país, incluido Maduro, "podrían ser responsables" de los crímenes.
Sin embargo, ante una pregunta de la prensa, aclaró que es la CPI la que debe determinar esa responsabilidad.