"Lula es uno de los candidatos más fuertes a las próximas elecciones presidenciales en Brasil, sujeto ahora a esta maniobra judicial que trata de sacarlo del juego electoral y silenciar los esfuerzos de su defensa legal para evitar el peligro de encarcelamiento", indicó el funcionario de la Ospaaal.
Tiene por objetivo generar proyectos de cooperación de desarrollo económico y social de los pueblos subdesarrollados y en vía de desarrollo y la promoción de la paz y de los derechos humanos entre los pueblos.
Molina añadió que "no sorprende ver esta maniobra por parte de un Gobierno como el brasileño, que es de facto y que llegó al poder producto de un golpe de Estado judicial contra la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016)".
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El presidente de Brasil, Michel Temer, asumió después de que Rousseff fue apartada de su cargo en mayo de 2016 por el Congreso, que alegó para ello que la jefa de Estado había cometido un delito de maquillaje en las cuentas públicas.
Molina indicó que "esta situación nos permite ver un escenario de confrontación, el pueblo brasileño está en las calles apoyando a Lula y condenando esta maniobra".
El 4 de abril, la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil le negaron a Lula un recurso de habeas corpus (petición para evaluar la legalidad de un arresto), con lo que quedó expedito el camino para vaya a prisión.
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El juez Sérgio Moro le ordenó que se entregue a la Policía Federal antes de las 17:00 hora local de este 6 de abril (20:00 GMT) para empezar a cumplir una pena de 12 años de prisión por corrupción.
El expresidente izquierdista fue condenado el pasado mes de enero en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, por delitos de corrupción y lavado de dinero.