"No creo que la CPI pueda esperar la cooperación de Filipinas como Estado Parte o, próximamente, ex Estado Parte", declaró el portavoz de la Presidencia filipina, Harry Roque.
El presidente Duterte anunció previamente que Filipinas retira con efecto inmediato su ratificación del Estatuto de Roma y acusó a la CPI de imponer su jurisdicción "en violación del debido proceso y la presunción de inocencia".
Según las estadísticas oficiales, más de 3.800 sospechosos de narcotráfico fueron abatidos en operaciones antidrogas desde el 1 de julio de 2016 hasta finales de agosto de 2017.
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La ONG internacional Human Rights Watch estima que la guerra contra las drogas en Filipinas causó más de 12.000 muertos, de los que unos 4.000 fueron eliminados en operaciones policiales y el resto, a manos de hombres armados no identificados.